El sol del mediodía arde implacable en el pequeño patio de Santa María Mixtequilla (SMM), estado de Oaxaca, donde se encuentran reunidas unas 50 personas. Algunas mujeres intentan refrescarse con abanicos de papel, mientras los hombres llevan grandes sombreros para aliviar el calor del Istmo. Un anciano, de pie, habla con decisión mientras la multitud apoya sus palabras con imperceptibles movimientos de cabeza: “quieren pagarnos por un metro de tierra lo que vale un kilo de tortillas”. El Polo de Desarrollo del parque eólico, que se extiende por aproximadamente 502 hectáreas del municipio de SMM, fue aprobado en el 2021 mediante una “consulta simulada”, según la comunidad, ya que no todas las personas fueron debidamente informadas e incluidas en la toma de decisión. El hombre cuenta cómo el proyecto también ha generado una profunda división en la comunidad, especialmente entre quienes ya vendieron sus tierras y quienes consideran que el pago es muy bajo ($26 MXN por metro cuadrado) y exigen que su historia y herencia - como comunidad indígena - sean reconocidas en el territorio, así como las consecuencias ambientales para las generaciones futuras. De hecho, según lo manifestado por organizaciones locales, las afectaciones socio-ambientales del proyecto no han sido aclaradas, ni han sido debidamente analizadas en su totalidad por una Manifestación de Impacto Ambiental y, hasta la fecha, no se ha presentado ningún plan de protección civil. La comunidad demanda una segunda consulta con la participación de toda la comunidad y con información clara y verídica sobre ventajas y afectaciones del proyecto, exigiendo así que se respete su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre, e informado, como establecido por los estándares nacionales e internacionales[1].

Las violaciones sufridas por la comunidad del municipio de SMM son solo algunos de los testimonios recogidos por la Misión de Observación que, los días 25, 26, y 27 de julio de 2023, se desarrolló en el Istmo de Tehuantepec, recorriendo 4 comunidades indígenas afectadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y su Polos de Desarrollo[2]: Mogoñé Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba, y Puente Madera. En la Misión - convocada por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y Front Line Defenders (FLD) - participaron 19 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, entre ellas PBI, y 8 representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, con el objetivo de documentar y visibilizar las violaciones a los derechos humanos provocados por el desarrollo del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

El Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta de México entre los dos océanos (Pacifico y Atlántico), en su sección del Golfo de México. El Istmo comprende tanto al estado de Oaxaca como los estados de Veracruz, Chiapas, y Tabasco. La región se caracteriza por altos porcentajes de población indígena (principalmente de ascendencia Zapoteca y Huave), una larga historia de resistencia, y un rápido incremento en el número de megaproyectos controversiales. Estos, que se han desarrollado por las características geográficas de la región, la riqueza de sus recursos naturales, y su biodiversidad, han sido incluidos en planes más amplios de desarrollo masivo tales como parques eólicos, debido a las excelentes condiciones de viento en la región, y el Corredor Interoceánico.

El Corredor pretende enlazar los puertos de Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca), generando un impacto directo en al menos 79 municipios (33 veracruzanos y 46 oaxaqueños), para eventualmente conectarse con otro proyecto de inversión a gran escala, como el Tren Maya. El objetivo es incentivar el comercio nacional e internacional y la instalación de empresas, con el fuerte riesgo de modificar los territorios y usos y costumbres de los pueblos que habitan la región. El proyecto comenzó a ejecutarse en septiembre del 2019 y desde entonces se han observado múltiples eventos en perjuicio de las personas y comunidades que no están de acuerdo con su ejecución, quienes han sido sujetos directos e indirectos de diferentes tipos de agresiones. Hasta ahora se han registrado: amenazas, hostigamientos, criminalización, lesiones, y asesinatos. En el contexto de macro-criminalidad que caracteriza muchas zonas de México, diferentes intereses de varios actores se cruzan, como en el Istmo de Tehuantepec, donde empresas, el crimen organizado y las administraciones publicas tienen múltiples intereses relacionados al Corredero Interoceánico.

Durante nuestro recorrido como acompañantes de la Misión de Observación, se pudieron identificar patrones en las violaciones sufridas por las comunidades y sus integrantes. De hecho, las cuatro comunidades visitadas reportaron que las consultas previas fueron simuladas, a través de la exclusión de una parte de las comunidades, invitaciones selectivas, y fraude (firmas falsificadas, también de personas que han fallecido hace tiempo). Además, las asambleas que se han llevado a cabo no han informado debidamente a las comunidades sobre las afectaciones de los proyectos, pues el gobierno estatal y federal solo resaltó en estos espacios las ventajas que traerían los proyectos, como la construcción de escuelas, hospitales, acceso a agua potable, y otros programas que nunca han sido cumplidos al día de hoy.

En las comunidades, donde se han generado conflictos y divisiones sobre los proyectos, las personas y activistas que se han pronunciado abiertamente en contra de estos, o quien se opuso al despojo de su terreno, han sido víctimas de diferentes actos de violencia como: amenazas, agresiones, hostigamientos, intimidaciones de desalojo, extorsiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización, militarización de los territorios y, en los casos más graves, de asesinados[3].

Actualmente, 11 carpetas de investigaciones se abrieron en contra de integrantes de la comunidad de Mogoñé Viejo por ataque a la vía general de comunicación, mientras 6 personas fueron supuestamente detenidas de manera arbitraria (4 mujeres y 2 hombres) por parte de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, y la Marina, en el marco de un plantón que la comunidad organizó en el mes de abril 2023 en el Campamiento Tierra y Libertad en contra del Corredor[4]. En la comunidad de Santa Cruz Tagolaba, 7 personas de la comunidad están vinculadas a procesos judiciales por la estigmatización y criminalización de sus luchas en defensa de la tierra y el territorio, mientras en Puente Madera 17 personas de la comunidad tienen orden de aprensión. La misma comunidad de Puente Madera logró detener en junio 2023, mediante un juicio de amparo, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Blas Atempa[5]. El Polo, que prevé la construcción de un parque industrial en la tierra de uso común de la comunidad conocida como “El Pitayal”, es uno de los 10 previstos a lo largo del Corredor Interoceánico.

Como resaltado en el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México[6], el cual se publica anualmente desde el año 2012 por parte de CEMDA, entre octubre del 2021 y julio del 2023, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas. Los registros vinculados al CIIT indican, al menos: 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñé Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.

Al final de su recorrido, la Misión de Observación realizó una conferencia de prensa[7], el día 27 julio 2023 en Juchitán (Oaxaca), donde las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a las violaciones registradas en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico y su Polos de Desarrollo, y donde las comunidades testimoniaron su experiencia. La Misión lanzó también un llamado a las autoridades competentes destacando los siguientes puntos:

1. Reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y a la vida de los pueblos indígenas bajo el estándar más alto de protección.
2. Garanticen el derecho al acceso a la justicia y detengan toda forma de amenazas y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.
3. Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú[8] para que puedan realizar su labor.
4. Provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa, y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

La conferencia de prensa se cerró con una pregunta puntal para las comunidades: ¿podrán las cosas volver a ser igual como antes? La defensora, e integrante de UCIZONI, Juana Ramírez contesta así:

“Nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados, ¿quién nos los va a regresar con vida?
¿Quién nos va a hacer justicia?

¿Quién nos va a devolver todo el medioambiente que teníamos antes?

Nada volverá a ser igual como antes, porque la contaminación de los ríos, la destrucción de la flora y la fauna, nadie nos va a regresar eso, nadie nos va a poder compensar. Ni el dinero mismo nos va a poder pagar estos daños, porque estos daños quedan por siempre y quien siguen afectadas son las futuras generaciones que nos van a seguir. En esta lucha vamos a defender la vida, incluso de las próximas generaciones.

Es importante que el gobierno federal y estatal abra el dialogo para que se puede revisar minuciosamente los impactos negativos que han tenido estos tipos de megaproyectos, tanto en el ámbito ambiental, social y cultural.

No puede haber desarrollo cuando en las nuestras comunidades hay pobreza y marginación, carencia en materia de salud y educación, y no puede haber desarrollo cuando nuestros derechos están siendo violentados”.

La situación en el Istmo de Tehuantepec, y el destino de las comunidades que lo habitan, sigue siendo preocupante. Por esta razón, PBI resalta la voz de las personas defensoras de la región que incansablemente, a pesar de la violencia vivida, siguen luchando no solo por sus derechos individuales, sino también por los derechos colectivos, de sus comunidades, pueblos indígenas y sus usos y costumbres.